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En una escala donde cero es muy corrupto y 100 muy limpio, Venezuela sólo alcanzó 15 puntos. Con esta puntuación se titula como el país de América con el manejo más corrompido de sus recursos y como la quinta nación en el mundo con esta práctica desbordada.
Ese es el resultado del Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional que clasifica a 180 países por sus niveles percibidos de este flagelo. En este medidor el régimen de Nicolás Maduro empujó a Venezuela a la posición 176, sólo superada por Yemen, Siria, Somalia y Sudán del Sur con puntuaciones de 15, 14, 12 y 12, respectivamente.
Con este desempeño Venezuela perdió por la corrupción “al menos 5.000 millones de dólares en las últimas dos décadas, lo que afecta directamente la salud de los venezolanos”, apunta un informe difundido en Twitter por la organización.
🔵 OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against #corruption. Check out your country’s score now! #CPI2020 https://t.co/kDFcFmHEXT
— Transparency Int'l (@anticorruption) January 28, 2021
Los números de Venezuela reflejan una realidad sostenida y agudizada. En 2018 ocupó el lugar 168 entre 180 países y el registro en 2019 condujo al país a la casilla 176. Esta caída de ocho puestos muestra «el pobre desempeño anticorrupción de Nicolás Maduro», analiza ABC.
Dicha sentencia coincide con la de Transparencia Internacional. Según la organización, tales cifras son un reflejo de que la corrupción sin control fomenta la crisis del sistema político venezolano.
El entorno de Maduro lo sabe y lo admite. Su ex ministro de energía y petróleo, así también expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez —durante una década en el cargo— asegura que el «chavismo ha dilapidado más de 700.000 millones de dólares» informó el medio español citando declaraciones ofrecidas a la agencia alemana DW.
Su testimonio revela el manejo discrecional de Maduro a quien acusa de asignar a sus “amigos” la estatal petrolera, entre ellos militares adeptos al régimen, apunta ABC. No obstante, eso es apenas a punta del iceberg, considerando que Maduro también tiene una acusación por haber recibido supuestos sobornos por parte de la brasileña Odebrecht por más de 35 millones de dólares para el despliegue de su campaña electoral en 2013. Tal caso fue denunciado por la exfiscal Luisa Ortega Díaz ante la Corte Penal Internacional en 2017, destaca la publicación.
Lo que ocurre en el país es diferente a otras naciones que comparten un panorama similar, porque “no ha sido cualquier corrupción la que ha asolado a Venezuela, como en el promedio de los países latinoamericanos. La corrupción en Venezuela ha sido un factor nocivo caracterizado por ser un fenómeno sistémico, extendido y normalizado”, divulga en detalle otro informe del capítulo de Transparencia en el país.
En el documento se insiste que la “revolución” emprendida por Hugo Chávez antes de morir y continuada por Maduro se convirtió en una “cleptocracia cruel, organizada para saquear el Estado venezolano en beneficio exclusivo de la cúspide del régimen, con un enriquecimiento a niveles inverosímiles”.
Todo ello ocurre mientras la población padece hambre y privación de sus derechos básicos de subsistencia. Hoy la sociedad venezolana está condenada a la desnutrición, la enfermedad y en muchos casos, la muerte. Sin embargo, en el caso de escapar de este escenario, lo más próximo es migrar en condiciones absolutamente precarias, agrega el estudio.
Como agravante se añade que “hay una red criminal cívico–militar en el poder que deliberadamente ha desmontado la infraestructura productiva del país y ha creado mecanismos corruptos de control de alimentos, gasolina y divisas, para generar un mercado negro en el que se han enriquecido fabulosamente a costa de la vida y salud de la población”.
En Venezuela está activo el Corruptómetro, una herramienta a cargo de organizaciones no gubernamentales y medios independientes que mide las irregularidades administrativas desde la llegada del chavismo al poder hasta ahora.
Su base identifica 236 casos de corrupción de los cuales sólo se conoce la cantidad de dineros públicos comprometida en 114 casos, cuyo monto asciende a 52.098.420.753 dólares. La cifra equivale a ocho veces las reservas internacionales de Venezuela, según reportes del BCV en enero de 2020, así como también a dos años de ingresos por exportaciones de petróleo, que serían 45.810 millones de dólares correspondientes a 2018 y 2019.
Con los recursos desviados se habrían construido 593 hospitales especializados o 194.000 escuelas de educación básica o también edificado 21 represas hidroeléctricas como la de Caruachi, en Ciudad Guayana, que aporta 12 % de la energía eléctrica del país. Nada pasó.
El Índice de Percepción de la Corrupción este año presenta un “panorama sombrío” del estado de la corrupción en todo el mundo.
Según el balance, aunque la mayoría de los países han logrado poco o ningún progreso en la lucha contra la corrupción en casi una década, más de dos tercios de las naciones obtienen puntuaciones por debajo de 50.
La región con la puntuación más alta es Europa Occidental y la Unión Europea, con una puntuación media de 66. Las regiones con la puntuación más baja son África Subsahariana (32), Europa Oriental y Asia Central (36).
En el caso de América, la debilidad de las instituciones es un factor común que arroja el índice este año que a raíz del coronavirus profundiza las desigualdades sociales y económicas con un impacto desproporcionado en poblaciones vulnerables, incluidas mujeres, niñas, grupos indígenas, ancianos, migrantes y afroamericanos.
Un desafío que enfrenta la región es garantizar que los fondos y programas para combatir la pandemia no se “pierdan debido a la corrupción” de lo contrario aumentaría el descontento social, se avivaría el “populismo dañino y crearía una pobreza y una desigualdad aún mayores”.
De esa forma, América se convierte en el “escaparate de la corrupción y la mala gestión de los fondos en una de las regiones más afectadas por la crisis COVID-19”.
Sin embargo, Canadá y Uruguay tienen constantemente los mejores resultados, con puntajes de 77 y 71 respectivamente, mientras que Nicaragua, Haití y Venezuela son los peores resultados, con puntajes de 22, 18 y 15 respectivamente.
Argentina, Ecuador y Perú constituyen una sorpresa en el índice con avances “significativos” en la mejoría de la corrupción con puntuaciones de 42, 39 y 38, mientras que Uruguay con 71 y Chile con 67, se quedan con el mejor comportamiento en Suramérica. Más arriba y liderando aparecen Canadá y Estados Unidos con 77 y 67 puntos, respectivamente.
Quienes votaron por Biden fueron engañados totalmente. Añoran regresar a una tierra que ya no existe, ni existirá más: la democracia en Estados Unidos palidece, los derechos humanos están siendo severamente coartados por el nuevo gobierno, o bien, privatizados por sus cómplices de las big tech.
En esta nueva administración, la del sucesor ideológico de Bill Clinton, pero sobre todo de Barack Obama, no hay respeto a la verdadera pluralidad de pensamiento.
Hay una ideología “oficial” impuesta como pensamiento único desde organismos internacionales instrumentalizados y bajo el auspicio del gobierno, como desde el poder ejecutivo y del legislativo.
Hay una corrección política ideologizada que se inyecta desde la mainstream media y las big tech.
Estas “normas comunitarias” son dictados metaconstitucionales, y quien ose no obedecerlos se le “cancela” y arroja al vacío de los nuevos GULAGS —cibernéticos ahora—. Los derechos humanos han sido privatizados por los niños ricos y wokes, dueños de Facebook y también de Twitter.
¿Este es el paraíso que soñó George Soros y su Open Society?
La libertad de reunión y manifestación es acorralada por la Guardia Nacional.
Además, estos globalistas que ahora colocaron a Joe Biden al frente del país, quieren reeditar las andanzas de George H. W. Bush para calentar los motores del sistema militar industrial.
Bombarderos Boeing B-52H estratégicos despegaron hace unos días de la Base de la Fuerza Aérea en Luisiana, en Estados Unidos y volaron sobre el Golfo Pérsico y Arabia Saudita para exhibir músculo militar.
En tanto, el Ejército de Irán hacía maniobras terrestres en la costa del Golfo de Omán. Esto en el contexto de las tensiones por su programa nuclear ante la ceja levantada de Estados Unidos.
En política exterior ya trabaja el deep state a fondo y pronto no faltarán pretextos para poder iniciar un nuevo conflicto bélico internacional, una intervención, alguna situación que arroje jugosas ganancias económicas para el establishment.
Esto permitirá manipular mejor a la población, y llamar desde el gobierno a una hipócrita unidad interna ante ficticios enemigos extranjeros.
El conflicto exterior asimismo tendrá por meta legitimar la presidencia de Biden, dotarle de autoridad para no tener mucha paciencia para opositores internos, ya que, en “tiempos de guerra”, se ve mal no solidarizarse y no apoyar al “líder que defiende al país”.
Mientras eso sucede, en cuanto a política interior, los globalistas también ya urden un plan de control y manipulación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado que advierte sobre “terrorismo doméstico”, pero con obvia dedicatoria a los seguidores de Trump, es decir, a los opositores a Biden y al partido del burro.
La sola idea de calificar como “terroristas” a los opositores al gobierno, es la postura de una tiranía.
Ahora miles de opositores podrían ser acusados de “conspirar” para derrocar al gobierno, así sea por participar en manifestaciones pacíficas, por expresar sus ideas críticas o por apoyar a Trump.
El Departamento de Seguridad no actúa con la imparcialidad que debería. Toma partido. Parece una oficina más del Partido Demócrata y no un área del gobierno nacional.
Ni Biden ni el DHS dicen una sola palabra, no reparan en la violencia que representan grupos como Antifa y sus secuaces wokes e identitarios de Black Lives Matter. Alentados por la impunidad y los ojos ciegos del DHS, surgirán otros grupos similares más, sin duda.
Los “demócratas” —sí, del partido del burro— sólo lo son de nombre, porque en los hechos buscan suprimir los derechos humanos y la libertad dentro de Estados Unidos, acotar a los opositores con la Guardia Nacional y con la anuencia de las Big Tech.
Además, estos “demócratas” tienen a un Biden que, como presidente, está gobernando con base en órdenes ejecutivas. Sólo en sus tres primeros días, ha firmado ya 30 decretos.
Eso no es nada democrático. Son las imposiciones de un solo hombre sin diálogo político con nadie más, basadas en pago de facturas a los sectores que apoyaron su candidatura y campaña, y en ideología progresista, en el Socialismo Trash.
Ante todo este contexto, de nuevo, la lucha de Donald Trump cobra nuevas dimensiones. Para empezar, ya abrió su oficina en Palm Beach, para hacer activismo político de forma pública. Nunca se ha ido, ni se irá.
Controla a la mayoría del Partido Republicano, y no pocos liderazgos lo están ya visitando en Florida con miras al futuro. Trae “calle”, trae respaldo popular, 74 millones de votos no son poca cosa.
El partido del elefante luce deshabitado sin la gente que Trump moviliza, y los republicanos que rechazan el movimiento socio-cultural del neoyorkino, no tienen futuro y están en la orfandad política.
Incluso, si en 2024 Trump no fuera candidato, es más fácil que alguien más con ese mismo apellido pueda contender a la presidencia, a alguien de los republicanos del establishment que ya compitieron internamente contra él en 2016 y en 2020.
Muchos aún no han podido entender que Trump, más allá de sus exabruptos y errores, es un ícono cultural que representa el nacionalismo, a la lucha contra el globalismo depredador e inmoral, contra el socialismo y la destrucción de la religión, la familia, y la Patria. Son los valores de los Padres Fundadores y son los valores de Occidente.
Trump hoy encarna la defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, de libertad política. Derechos que claramente están suprimidos, por la gestión de Biden y sus cómplices de las élites políticas, de la plutocracia, del establishment, del deep state, de la mainstrean media, y de las Big Tech.
Con Biden, el biopoder advertido por Michel Foucault, y el psicopoder planteado por Byung Chul-Han, actúan sincronizados aplastando los derechos humanos de los estadounidenses. Trump es la única oposición seria, antisistema, alt-right, y con respaldo popular a la muerte de la democracia. Estados Unidos en alerta máxima.